La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha determinado separar de sus cargos a dos funcionarios, luego de que se les acusara de supuestamente “sembrar droga” en barberías durante la segunda fase de la “Operación Atarraya”, realizada el pasado viernes. La investigación se originó a partir de la difusión de dos videos relacionados con las diligencias realizadas en un establecimiento ubicado en la delegación de Santiago Miltepec, en Toluca.
A través de un comunicado, la FGJEM informó que, además de los videos iniciales, se están analizando otros cuatro materiales audiovisuales y cualquier otra evidencia que pueda surgir en el marco de la operación, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Los funcionarios separados de su cargo son el Agente del Ministerio Público y el Comandante de la Policía de Investigación, quienes estuvieron a cargo de la diligencia en la capital mexiquense. Ambos permanecerán suspendidos en lo que dure la investigación sobre su posible intervención en el delito y la de otros servidores públicos.
La FGJEM aclaró que el propietario de uno de los establecimientos afectados ya sostuvo una reunión con el Vicefiscal General de Justicia, quien le informó sobre las acciones institucionales y lo invitó a colaborar en la investigación. Además, la Fiscalía subrayó que la devolución de los inmuebles asegurados no tendrá ningún costo, desmintiendo acusaciones de que se exigían hasta 80 mil pesos para su restitución.
Por otro lado, el Ministerio Público reveló que la “Operación Atarraya” ha intervenido 312 establecimientos en diversos municipios del Estado de México, incluyendo Amecameca, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Toluca. En estos municipios, servidores públicos han llevado a cabo diez reuniones con los propietarios y empleados de las barberías afectadas, a quienes se les ha explicado la ruta a seguir en los casos que proceda la restitución de sus bienes.
La FGJEM hizo un llamado a las personas afectadas a denunciar cualquier hecho irregular ante el Agente del Ministerio Público.