Morena propone extinguir organismos autónomos y transferir sus funciones al Ejecutivo Federal
Durante la discusión de una reforma clave en la Cámara de Diputados, la mayoría parlamentaria de Morena presentó una propuesta para extinguir varios organismos autónomos y descentralizados, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La iniciativa busca transferir las funciones de estos entes a diversas dependencias del Ejecutivo Federal, bajo la premisa de racionalidad, austeridad y eficiencia.
El dictamen, que será discutido en lo particular en las próximas sesiones, plantea una reestructuración profunda de la administración pública federal. En total, se busca eliminar o fusionar al menos siete organismos clave, que desde su creación hasta 2024 han recibido una asignación superior a los 32 mil millones de pesos. Entre los entes afectados también se incluyen la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Austeridad y eficiencia como bandera
La diputada Olga Sánchez Cordero, representante de Morena, defendió la propuesta argumentando que la reforma permitirá reducir los costos de la administración pública sin comprometer los derechos ciudadanos. “El modelo actual de órganos constitucionales autónomos no es necesariamente el más eficiente para proteger los derechos fundamentales”, indicó, al tiempo que aseguró que la reforma garantizaría el acceso a la información pública y la protección de datos personales a través de otras instancias del gobierno.
En lugar de organismos autónomos, el Ejecutivo Federal asumiría diversas responsabilidades. Por ejemplo, las funciones en telecomunicaciones y radiodifusión serían centralizadas en una dependencia encargada de estas políticas públicas. Igualmente, la regulación energética y la protección de la competencia económica quedarían bajo el control directo de la administración centralizada, lo que implicaría una reestructuración en áreas clave de la política pública.
Reorganización administrativa y ajuste de recursos
El dictamen establece que los recursos materiales, así como los sistemas electrónicos y plataformas de los organismos extinguidos, serán transferidos a las dependencias encargadas de asumir sus funciones. Además, se señala que los derechos laborales de los servidores públicos que trabajen en estos organismos serán respetados, y los recursos humanos se redistribuirán entre las nuevas dependencias.
De acuerdo con los artículos transitorios del proyecto, el Congreso de la Unión tendría un plazo de noventa días para adecuar la legislación vigente a los nuevos lineamientos establecidos en la reforma. A su vez, los recursos ahorrados por la extinción de estos organismos serían destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el objetivo de fortalecer la seguridad social de los mexicanos.
Próxima discusión y posibles reservas
La propuesta de reforma, que se encuentra en fase de análisis y discusión, será retomada el jueves 21 de noviembre, cuando se prevé la discusión en lo particular. La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados ha anticipado que presentará una reserva al dictamen para la creación de un órgano descentralizado que asumiría las funciones de la Cofece y el IFT en la lucha contra los monopolios en los sectores económico y de telecomunicaciones.
Este proyecto ha generado un intenso debate en el Congreso, ya que muchos opositores consideran que la eliminación de estos organismos autónomos podría afectar la transparencia y la supervisión independiente de sectores clave, como las telecomunicaciones, la competencia económica y la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, los defensores de la reforma argumentan que, con la reestructuración y centralización de funciones, se logrará una mayor eficiencia en el ejercicio de estas políticas públicas.
La discusión continúa, y se espera que en las próximas semanas se definan los detalles de una reforma que promete cambiar el panorama administrativo del país.
