Gobierno de México inicia ofensiva legal: Solicita juicio político contra juez que favorece a criminales

Porlaredaccion

30 de enero de 2024 , ,

30 de enero del 2024

El Gobierno de México, bajo la firmeza de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha emprendido una cruzada legal contra la corrupción y la impunidad. En un giro impactante, se presentó una denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dirigida contra el Juez de Distrito en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez.

Actuaciones Ilegales que resonan en la frontera norte

En el corazón de esta inédita solicitud de juicio político se encuentran las actuaciones dudosas del Juez Contreras Martínez, las cuales, según las autoridades, han favorecido a grupos criminales que operan en la frontera norte del país. Estas polémicas decisiones no solo fomentan la impunidad, sino que también arrebatan el derecho a la justicia al pueblo de México.

Cuestionables resoluciones que desafían la justicia

La Segob expone una serie de elementos que sugieren que las determinaciones del juez no cumplen con los principios constitucionales y legales. Su visión legal permitió la liberación de individuos vinculados a casos de alto impacto, incluido el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas y otros actos relacionados con la delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y cohecho.

Desapego a principios constitucionales y éticos

Se destaca un preocupante desapego del juez federal a principios constitucionales y éticos fundamentales, como la objetividad, imparcialidad y profesionalismo. La denuncia entregada a la Cámara de Diputados detalla casos concretos que evidencian la falta de compromiso con la legalidad por parte del juzgador.

Compromiso inquebrantable con la legalidad

Ante este escenario, el Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la legalidad y el Estado de derecho. La solicitud de juicio político busca que la soberanía legislativa investigue a fondo las acciones del juez y, de ser necesario, proceda ante el Senado de la República para determinar su posible destitución.

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