En una polémica decisión, el Poder Judicial de la Federación (PJF) modificó las medidas cautelares, dejando en libertad a ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa. El Gobierno de México, enérgico ante esta resolución, refrenda su compromiso con la legalidad y, sobre todo, con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
La postura del Ejecutivo federal coincide con la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la determinación de la jueza segundo de distrito, Raquel Ivette Duarte Cedillo, y los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.
Sin embargo, no sorprende la posición del PJF en el caso Ayotzinapa, ya que sus prioridades parecen apartarse de la búsqueda de justicia y verdad. Más bien, se le acusa de obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso, utilizando pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia y los derechos de las víctimas.
Se señala que el Poder Judicial, valiéndose de tecnicismos, no pondera los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. Se resalta la liberación anterior de 62 implicados bajo el argumento de tortura, sin actuar contra los torturadores, como el caso de Tomás “N”, actualmente prófugo en Israel.
Además, se destaca el intento de liberar al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo cual se evitó gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México.
La crítica principal recae en la falta de fundamento legal al ordenar la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa.
Se argumenta que esta decisión busca favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército, socavando el prestigio de una institución crucial del Estado mexicano, con motivaciones estrictamente políticas.
Se denuncia el daño inconmensurable causado por estas decisiones, minando los cimientos de la verdadera procuración de justicia. Para el Gobierno de México, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, y se solicitará a la fiscalía la revisión de las medidas cautelares, considerando los factores de riesgo y los elementos probatorios.
Además, se pedirá que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación. El compromiso del Gobierno de México con la legalidad, la verdad y la justicia persiste, asegurando que la búsqueda de los estudiantes desaparecidos continuará hasta encontrarlos.