Una decisión judicial ha sacudido a la opinión pública y ha dejado a una madre y a su hija en un estado de angustia y desesperación. Victoria Figueiras, madre de una niña de cuatro años presuntamente agredida sexualmente por su tío, Alejandro, expresó su incredulidad y frustración ante la absolución del acusado por parte del juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
La tragedia se desencadenó el 26 de febrero de 2022, cuando la pequeña fue supuestamente víctima de abuso sexual en una residencia de la exclusiva Zona Esmeralda en Atizapán de Zaragoza, durante un fin de semana bajo el cuidado de su padre.
Tras casi dos años de investigación y proceso penal, el juez determinó la liberación de Alejandro, argumentando una supuesta falta de pruebas contundentes para respaldar los cargos de abuso sexual. Esta decisión ha desatado una ola de indignación y ha llevado a activistas a anunciar protestas para este mismo martes 27 de febrero.
La niña, en su testimonio, describió con dolor el abuso sufrido, mientras que los dictámenes coinciden en corroborar su relato. Sin embargo, la justicia pareció hacer oídos sordos a su testimonio y a las pruebas presentadas.
En medio de la incertidumbre y el dolor, la pregunta persiste: si el sistema judicial no protege a una niña que ha sufrido abuso sexual, ¿quién lo hará?
Este caso no solo plantea interrogantes sobre la efectividad y la imparcialidad del sistema judicial, sino que también resalta la importancia de garantizar la protección y el apoyo adecuados a las víctimas de violencia sexual, especialmente cuando se trata de niños indefensos.