El pasado 7 de febrero, en el marco del operativo «Atarraya» llevado a cabo en el Estado de México, 312 barberías fueron intervenidas en un intento por frenar la venta de narcóticos en establecimientos comerciales. Esta operación forma parte de una serie de acciones en curso que buscan desmantelar redes de narcotráfico y otros delitos relacionados, tras más de 500 clausuras en lo que va del año, principalmente de negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, lo que parecía ser una acción de seguridad enfocada en la prevención del crimen, pronto se vio empañada por denuncias de trabajadores de las barberías involucradas. Algunos de ellos señalaron que los propios agentes de la policía habrían «sembrado» drogas en los establecimientos, con el objetivo de justificar la clausura de los negocios. Esta acusación genera serias inquietudes sobre la legalidad y los procedimientos empleados durante el operativo, abriendo un debate sobre posibles abusos de poder y el uso indebido de pruebas.
La operación «Atarraya» tiene como objetivo frenar los presuntos nexos entre comercios y actividades ilícitas, sin embargo, las denuncias de «siembra» de drogas revelan un problema más profundo relacionado con la falta de transparencia y el control en el proceso de intervención. La policía aún no ha respondido de manera oficial a estas acusaciones, pero las autoridades locales tendrán que investigar estos hechos para evitar que la estrategia de seguridad se vea empañada por prácticas corruptas o ilegales.
El operativo también ha puesto en evidencia el riesgo de que comercios aparentemente ajenos a actividades ilícitas, como barberías o estéticas, puedan ser utilizados como puntos de venta de narcóticos, extorsión u otros crímenes. Si bien la estrategia del gobierno tiene como fin combatir el narcotráfico, surge la pregunta sobre cómo se manejan estos operativos para evitar afectar a comercios o personas inocentes.
Este tipo de acciones de seguridad reflejan el difícil equilibrio entre la lucha contra la criminalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos, especialmente cuando surgen acusaciones de abuso de poder en el proceso. La situación exige una mayor supervisión y transparencia en las intervenciones para garantizar que las medidas adoptadas sean justas y eficaces.