Luisa María Alcalde
La publicación de la Reforma Laboral el 1ro de mayo de 2019 fue el arranque de la transición a la democracia para devolver el poder de los sindicatos a las y los trabajadores. Que sean ellos, y solamente ellos, quienes elijan libremente a través del voto personal, directo y secreto a sus representantes en la negociación colectiva. Y que a través de un espacio de construcción de acuerdos al interior de cada empresa, vía la negociación colectiva auténtica, se eleve tanto la productividad, como los ingresos y las prestaciones de los trabajadores.
A poco más de un año de la entrada en vigor de la más trascendental Reforma Laboral de los últimos tiempos, su implementación ha tenido que sortear múltiples desafíos, pero ninguno equiparable a la pandemia de Covid-19. En cumplimiento de las medidas emitidas por las autoridades sanitarias, la reforma laboral avanza a paso firme gracias a la coordinación de distintas instancias involucradas, como el Poder Judicial Federal y los gobiernos estatales, así como al impulso de trabajadores y empleadores.
A la fecha, 86% de los sindicatos con registro federal han adecuado sus estatutos conforme a principios democráticos, de rendición de cuentas y de proporcionalidad de género en las directivas sindicales. Debido a que no hay nada más importante que la salud de las y los trabajadores, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma acordó ampliar los plazos de reconocimiento de las directivas atendiendo al semáforo epidemiológico. Esta medida permitirá que los sindicatos, los de registro local incluidos, puedan realizar sus asambleas y se pongan al día.
Asimismo, 74 mil trabajadores ya han estrenado el nuevo derecho al voto personal, libre, directo y secreto para refrendar su adhesión al contrato colectivo existente con anterioridad a la Reforma. Se trata de un antídoto para ir erradicando los contratos de protección y los sindicatos dominados por empleadores, que durante décadas contuvieron los salarios contractuales. El plazo para realizar lo que legalmente se conoce como legitimación del contrato vence hasta el 2 de mayo de 2023, por lo cual, para este caso, no ha sido necesario establecer prórrogas. Incluso a través de la página https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.mx/ los sindicatos pueden ir adelantando pasos y allegarse de información y estar listos para convocar a este importante evento tan pronto el semáforo epidemiológico de cada entidad lo permita.
Por otra parte, será en la segunda quincena de noviembre cuando el nuevo andamiaje institucional, encargado de garantizar la democracia sindical y la impartición de justicia laboral, inicie sus funciones, primero en ocho entidades: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. El próximo año se sumarán trece más y para 2022 todas las entidades habrán transitado al nuevo modelo laboral.
Esto quiere decir que antes de finalizar el año, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ya cuenta con un director general recientemente designado por el Senado, comenzará a operar en las ocho entidades pioneras. A su vez, la Junta Federal y las locales de Conciliación y Arbitraje habrán cerrado sus puertas para dedicarse exclusivamente a abatir el rezago, lo cual permitirá a los nuevos tribunales laborales adscritos al Poder Judicial iniciar su trabajo, sin heredar pendientes e inercias del viejo modelo.
Otros avances destacados se registran en el terreno de la armonización legislativa tanto a nivel federal como en las 32 entidades; en el desarrollo de plataformas tecnológicas y la adquisición o adecuación de la infraestructura física para la operación de las nuevas instituciones. De no menor importancia han sido la capacitación a operadores del sistema –conciliadores, jueces, procuradores de trabajo– y a los sujetos regulados –trabajadores y empresas, en particular, sus áreas de relaciones laborales y recursos humanos–.
Estamos presenciando una forma completamente nueva de entender las relaciones laborales en nuestro país que se profundizará conforme la reforma se vaya instrumentando. Lo cierto es que, desde ahora, en la relación de empleadores y trabajadores con el gobierno, los vaivenes de la discrecionalidad y los criterios políticos han sido reemplazados por reglas del juego claras que deben ser cumplidas sin excepción, comenzando por las autoridades. Conviene a todos que el Estado de Derecho se afiance en el mundo del trabajo, pues ello permitirá la vigencia real del derecho laboral para beneficio de todos: trabajadoras y trabajadores, empresas y la población en general.
Secretaria del Trabajo y Previsión Social